ROMA, (ZENIT).-El respeto a la dignidad de las personas no conoce fronteras, no tiene en cuenta el color de la piel, no se detiene frente a la existencia o no, de documentos de identificación válidos. Y, sobre todo, no queda suspendido en las cárceles. Son afirmaciones del arzobispo de San Francisco, Estados Unidos, George Hugh Niederauer, el pasado 28 de enero en la catedral de Santa María, en un encuentro interreligioso al que asistieron cientos de inmigrantes, la mayoría de origen hispano.
Una intervención que recoge y apoya en su edición de este miércoles el diario vaticano L'Osservatore Romano.
El arzobispo de San Francisco objetó enérgicamente el programa federal para combatir la inmigración ilegal; en particular cuando estas medidas --que incluyen la expulsión del territorio de Estados Unidos--, vienen cumplidas estrictamente dentro de la población carcelaria, provocando sufrimiento y profundas divisiones entre las numerosas familias de inmigrantes presentes en el territorio de la archidiócesis de California.
"No podemos permitir el dolor de las familias y que en nuestras comunidades continúe la separación y el miedo", dijo el arzobispo, señalando también que "hay que respetar la dignidad de todos nuestros hermanos y hermanas, indocumentados o no".
El programa federal para combatir la inmigración ilegal (California es el estado con el mayor número de trabajadores inmigrantes en el mundo), incluye también controles dentro de las cárceles. Las huellas digitales de los detenidos se comparan con las conservadas en los archivos recopilados por la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y a aquellos que entraron en el país ilegalmente les corresponde la expulsión. La aplicación de este programa, según los funcionarios de ICE, ha llevado hasta ahora a la repatriación forzosa de 110.000 inmigrantes.
Sin embargo, subraya el diario vaticano, quienes defienden los derechos de los inmigrantes sostienen que la regla se aplica fácilmente a aquellas personas condenadas por delitos o faltas muy leves. Incluso en muchos casos, la policía sigue deteniendo a la población inmigrante sobre la base de sospechas en general, sin que existan particulares motivos de orden público.
"Este programa permite que nuestros hermanos y hermanas sean enviados a un centro de detención hasta por una simple violación del reglamento de carreteras", dijo en la reunión Moisés Agudo, de la archidiócesis de San Francisco.
El mes pasado, 33 obispos católicos estadounidenses pidieron "una reforma inmigratoria justa, humana y eficaz", asegurándoles a los inmigrantes indocumentados que "no están solos ni olvidados".
Una intervención que recoge y apoya en su edición de este miércoles el diario vaticano L'Osservatore Romano.
El arzobispo de San Francisco objetó enérgicamente el programa federal para combatir la inmigración ilegal; en particular cuando estas medidas --que incluyen la expulsión del territorio de Estados Unidos--, vienen cumplidas estrictamente dentro de la población carcelaria, provocando sufrimiento y profundas divisiones entre las numerosas familias de inmigrantes presentes en el territorio de la archidiócesis de California.
"No podemos permitir el dolor de las familias y que en nuestras comunidades continúe la separación y el miedo", dijo el arzobispo, señalando también que "hay que respetar la dignidad de todos nuestros hermanos y hermanas, indocumentados o no".
El programa federal para combatir la inmigración ilegal (California es el estado con el mayor número de trabajadores inmigrantes en el mundo), incluye también controles dentro de las cárceles. Las huellas digitales de los detenidos se comparan con las conservadas en los archivos recopilados por la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y a aquellos que entraron en el país ilegalmente les corresponde la expulsión. La aplicación de este programa, según los funcionarios de ICE, ha llevado hasta ahora a la repatriación forzosa de 110.000 inmigrantes.
Sin embargo, subraya el diario vaticano, quienes defienden los derechos de los inmigrantes sostienen que la regla se aplica fácilmente a aquellas personas condenadas por delitos o faltas muy leves. Incluso en muchos casos, la policía sigue deteniendo a la población inmigrante sobre la base de sospechas en general, sin que existan particulares motivos de orden público.
"Este programa permite que nuestros hermanos y hermanas sean enviados a un centro de detención hasta por una simple violación del reglamento de carreteras", dijo en la reunión Moisés Agudo, de la archidiócesis de San Francisco.
El mes pasado, 33 obispos católicos estadounidenses pidieron "una reforma inmigratoria justa, humana y eficaz", asegurándoles a los inmigrantes indocumentados que "no están solos ni olvidados".
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