MADRID, (ZENIT).- El gobierno de Panamá ha propuesto que se mantenga la mediación del presidente de la Conferencia Episcopal, el agustino recoleto José Luis Lacunza, en el conflicto con los índígenas por la defensa de sus tierras ancestrales.
Según informa la Orden Agustina Recoleta, una persona ha muerto y otras 46 resultaron heridas tras los enfrentamientos del pasado 5 de febrero entre la policía y los indígenas, muy cerca de la misión agustino-recoleta de Bocas del Toro.
El conflicto que mantienen el gobierno y la etnia Ngäbe Buglé, se debe a que estos últimos exigen garantías legales de que en sus territorios ancestrales se va a prohibir, además de la minería, la explotación de los recursos hídricos.
El canciller panameño Roberto Henríquez aseguraba, a los medios de comunicación, que el Ejecutivo está abierto a un diálogo con los indígenas --liderados por la cacica Silvia Carrera y el dirigente Rogelio Montezuma- y que propone que se mantenga la mediación del presidente de la Conferencia Episcopal Panameña, el agustino recoleto José Luis Lacunza.
Sin embargo, aclaró que no ha podido comunicarse con el obispo porque éste permanece en el área del conflicto, a casi 400 kilómetros al oeste de la capital panameña, donde, por razones de “seguridad de Estado”, las comunicaciones móviles se encuentran suspendidas desde hace días por orden del gobierno .
El presidente de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngäbe Buglé, Rogelio Montezuma, pidió el cese de la “represión y persecución” a la que, según él, las autoridades someten a los miembros de la Coordinadora, y también la liberación “inmediata” de todos los detenidos durante choques entre indígenas y la policía.
Pese a que las protestas se han atomizado por distintas partes del país, el canciller Henríquez advirtió que el gobierno “de ninguna manera” va a tolerar que se vuelvan a bloquear las vías de comunicación, como ocurrió durante seis días entre San Félix, en la provincia de Chiriquí, y Viguí, en la provincia de Veraguas.
Según informa la Orden Agustina Recoleta, una persona ha muerto y otras 46 resultaron heridas tras los enfrentamientos del pasado 5 de febrero entre la policía y los indígenas, muy cerca de la misión agustino-recoleta de Bocas del Toro.
El conflicto que mantienen el gobierno y la etnia Ngäbe Buglé, se debe a que estos últimos exigen garantías legales de que en sus territorios ancestrales se va a prohibir, además de la minería, la explotación de los recursos hídricos.
El canciller panameño Roberto Henríquez aseguraba, a los medios de comunicación, que el Ejecutivo está abierto a un diálogo con los indígenas --liderados por la cacica Silvia Carrera y el dirigente Rogelio Montezuma- y que propone que se mantenga la mediación del presidente de la Conferencia Episcopal Panameña, el agustino recoleto José Luis Lacunza.
Sin embargo, aclaró que no ha podido comunicarse con el obispo porque éste permanece en el área del conflicto, a casi 400 kilómetros al oeste de la capital panameña, donde, por razones de “seguridad de Estado”, las comunicaciones móviles se encuentran suspendidas desde hace días por orden del gobierno .
El presidente de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngäbe Buglé, Rogelio Montezuma, pidió el cese de la “represión y persecución” a la que, según él, las autoridades someten a los miembros de la Coordinadora, y también la liberación “inmediata” de todos los detenidos durante choques entre indígenas y la policía.
Pese a que las protestas se han atomizado por distintas partes del país, el canciller Henríquez advirtió que el gobierno “de ninguna manera” va a tolerar que se vuelvan a bloquear las vías de comunicación, como ocurrió durante seis días entre San Félix, en la provincia de Chiriquí, y Viguí, en la provincia de Veraguas.
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