ROMA, (ZENIT).- La guerra del rating ha comenzado. Las tres hermanas americanas --Fitch, Moody's y Standard&Poor's- están en la cuerda floja –afirma hoy en un artículo el diario vaticano L'Osservatore Romano. En Estados Unidos y Europa, el mundo de la política exige con insistencia que se le ponga la brida a un mercado demasiado potente, capaz de crear enormes desequilibrios en los mercados y de arriesgar la vida de los Gobiernos.
El día después “de la metedura de pata de Standard&Poor's sobre la deuda de Francia --afirma el diario vaticano--, desclasificada por error, se filtra desde Bruselas el proyecto de la nueva regulación UE sobre las agencias de rating”.
Y no son de color de rosa, anuncia: sanciones en caso de errores, suspensión de las valoraciones de los países en dificultades e informaciones previas a quien es juzgado, para corregir eventuales errores.
Las nuevas reglas serán presentadas el martes en Estrasburgo por el comisario del mercado interior, Michel Barnier, que ya había explicado sus objetivos: “reducir la dependencia de las agencias, reforzar la competencia, hacer más transparente el análisis y aumentar el rigor cuando se trata de valorar las deudas soberanas”.
Por primera vez, señala L'Osservatore, “se indica el camino de las sanciones civiles a la agencia 'responsable de infringir, intencionadamente o por negligencia grave, la regulación comunitaria', 'causando perjuicios a los inversores'.
La nueva regulación impone a las agencias la obligación de informar a la autoridad que emite el título --Estado u otra entidad administrativa- sobre los elementos en qué se basan las valoraciones.
La notificación debe darse al menos “un día laborable pleno antes de la publicación”, de modo que se puedan corregir las eventuales inexactitudes (como sucedió este verano con la deuda estadounidense).
La Comisión pretende, además, según el dirio vaticano “la limitación del papel de las agencias en 'situación de peligro existente e inminente por el funcionamiento' de los mercados financieros o 'por la estabilidad financiera de todo o de parte del sistema económico de la UE'.
El proyecto incluye, además, la posibilidad de suspender el rating de aquellos países que están “negociando un programa de asistencia económica internacional” de modo que se pueda reducir los “efectos de recaída” sobre valoraciones de otros países.
Un punto sobre el que, sin embargo, la Comisión UE no ha dado el gran paso, advierte L'Osservatore Romano, es el de una agencia de rating europea, una petición ya formulada por el Parlamento UE en junio y sobre el que no hay acuerdo unánime. La propuesta se considera interesante pero de “difícil” actuación.
Las agencias de rating son criticadas, a menudo, por los analistas financieros porque no siempre son fiables sus análisis, ya que como sociedades privadas no están exentas de conflictos de intereses. Apenas una semana antes de la caída de Lehman Brothers, en 2008, las agencias habían emitido un rating positivo sobre la banca estadounidense.
Muchos analistas, además, destacaron que eventuales agencias gubernamentales serían menos fiables al depender de los ejecutivos nacionales y de las esferas de la política local.
El día después “de la metedura de pata de Standard&Poor's sobre la deuda de Francia --afirma el diario vaticano--, desclasificada por error, se filtra desde Bruselas el proyecto de la nueva regulación UE sobre las agencias de rating”.
Y no son de color de rosa, anuncia: sanciones en caso de errores, suspensión de las valoraciones de los países en dificultades e informaciones previas a quien es juzgado, para corregir eventuales errores.
Las nuevas reglas serán presentadas el martes en Estrasburgo por el comisario del mercado interior, Michel Barnier, que ya había explicado sus objetivos: “reducir la dependencia de las agencias, reforzar la competencia, hacer más transparente el análisis y aumentar el rigor cuando se trata de valorar las deudas soberanas”.
Por primera vez, señala L'Osservatore, “se indica el camino de las sanciones civiles a la agencia 'responsable de infringir, intencionadamente o por negligencia grave, la regulación comunitaria', 'causando perjuicios a los inversores'.
La nueva regulación impone a las agencias la obligación de informar a la autoridad que emite el título --Estado u otra entidad administrativa- sobre los elementos en qué se basan las valoraciones.
La notificación debe darse al menos “un día laborable pleno antes de la publicación”, de modo que se puedan corregir las eventuales inexactitudes (como sucedió este verano con la deuda estadounidense).
La Comisión pretende, además, según el dirio vaticano “la limitación del papel de las agencias en 'situación de peligro existente e inminente por el funcionamiento' de los mercados financieros o 'por la estabilidad financiera de todo o de parte del sistema económico de la UE'.
El proyecto incluye, además, la posibilidad de suspender el rating de aquellos países que están “negociando un programa de asistencia económica internacional” de modo que se pueda reducir los “efectos de recaída” sobre valoraciones de otros países.
Un punto sobre el que, sin embargo, la Comisión UE no ha dado el gran paso, advierte L'Osservatore Romano, es el de una agencia de rating europea, una petición ya formulada por el Parlamento UE en junio y sobre el que no hay acuerdo unánime. La propuesta se considera interesante pero de “difícil” actuación.
Las agencias de rating son criticadas, a menudo, por los analistas financieros porque no siempre son fiables sus análisis, ya que como sociedades privadas no están exentas de conflictos de intereses. Apenas una semana antes de la caída de Lehman Brothers, en 2008, las agencias habían emitido un rating positivo sobre la banca estadounidense.
Muchos analistas, además, destacaron que eventuales agencias gubernamentales serían menos fiables al depender de los ejecutivos nacionales y de las esferas de la política local.
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