Un empresario romano está siendo indagado en Italia por bancarrota fraudulenta, tras la investigación iniciada por la Justicia del Vaticano, la cual le confiscó preventivamente sus cuentas en el Instituto para Obras de Religión (IOR), relacionadas con los trabajos de restauración que estaba realizando en el Vaticano.
El empresario Angelo Proietti, administrador único de la empresa constructora Edil Ars, había ganado licitaciones para realizar trabajos en la Administración de las Propiedades de la Sede Apostólica (APSA), y en la Gobernación de la Ciudad del Vaticano.
El ciudadano italiano vio congeladas sus cuentas bancarias el pasado 19 de mayo, por petición del ministerio público de la capital italiana, que además dispuso su arresto domiciliario con prohibición de comunicación. En particular, se trata de 11 millones de euros del patrimonio de dos sociedades dirigidas por él, con la acusación de haber provocado la quiebra.
“Las autoridades competentes de la Santa Sede y del Estado-Ciudad del Vaticano han iniciado las investigaciones establecidas por las leyes vaticanas del 2013, indagando tras la señalización de actividades sospechosas que llevan al señor Proietti, poniendo bajo secuestro todos los recursos financieros relacionados”.
El comunicado indica que las autoridades del Vaticano han colaborado en el caso con las autoridades italianas y que en el Vaticano “se encuentra abierto un procedimiento penal y las autoridades competentes están evaluando la existencia de eventuales daños hacia los entes de la Santa Sede y del Estado-Ciudad del Vaticano”.
El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi señaló hoy al presentar el comunicado, que el caso fue levantado por el Vaticano que entró en colaboración con la justicia de Italia, y como también allí se verificaron anomalías “se ha colaborado y se colabora”. Es decir, se trata de “una iniciativa del Vaticano de la cual también las autoridades italianas tomaron conocimiento”.
La renuncia presentada por dos consejeros del IOR
Por lo que se refiere a la renuncia presentada por dos miembros del Consejo de Intendencia del IOR, Clemens Börsig y Carlo Salvatori, a la Comisión cardenalicia de vigilancia del Instituto, el portavoz del Vaticano señala que es una cosa distinta que el caso del empresario italiano.
Las renuncias, indica el padre Lombardi se entienden por “las legítimas reflexiones y opiniones sobre cómo gestionar un Instituto de una naturaleza tan particular como el IOR”, y que además, son presentadas después de cerrar un ciclo, o sea, la positiva aprobación y publicación del Informe Anual del IOR.
“Los dos consejeros –indica la nota oficial– dieron una contribución competente y calificada en esta fase importante para la estabilidad e integridad del Instituto y su conformidad” particularmente “a nivel europeo”.
“El presidente de la Comisión cardenalicia por lo tanto ha agradecido a los dos miembros del Consejo y ha aceptados sus renuncias”. Por ello ahora inicia la fase para “evaluar nuevos candidatos que sean aptos para ocupar los puestos vacantes en el Consejo de intendencia”, lo cual, señaló el portavoz, lleva un tiempo prolongado.
El empresario Angelo Proietti, administrador único de la empresa constructora Edil Ars, había ganado licitaciones para realizar trabajos en la Administración de las Propiedades de la Sede Apostólica (APSA), y en la Gobernación de la Ciudad del Vaticano.
El ciudadano italiano vio congeladas sus cuentas bancarias el pasado 19 de mayo, por petición del ministerio público de la capital italiana, que además dispuso su arresto domiciliario con prohibición de comunicación. En particular, se trata de 11 millones de euros del patrimonio de dos sociedades dirigidas por él, con la acusación de haber provocado la quiebra.
“Las autoridades competentes de la Santa Sede y del Estado-Ciudad del Vaticano han iniciado las investigaciones establecidas por las leyes vaticanas del 2013, indagando tras la señalización de actividades sospechosas que llevan al señor Proietti, poniendo bajo secuestro todos los recursos financieros relacionados”.
El comunicado indica que las autoridades del Vaticano han colaborado en el caso con las autoridades italianas y que en el Vaticano “se encuentra abierto un procedimiento penal y las autoridades competentes están evaluando la existencia de eventuales daños hacia los entes de la Santa Sede y del Estado-Ciudad del Vaticano”.
El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi señaló hoy al presentar el comunicado, que el caso fue levantado por el Vaticano que entró en colaboración con la justicia de Italia, y como también allí se verificaron anomalías “se ha colaborado y se colabora”. Es decir, se trata de “una iniciativa del Vaticano de la cual también las autoridades italianas tomaron conocimiento”.
La renuncia presentada por dos consejeros del IOR
Por lo que se refiere a la renuncia presentada por dos miembros del Consejo de Intendencia del IOR, Clemens Börsig y Carlo Salvatori, a la Comisión cardenalicia de vigilancia del Instituto, el portavoz del Vaticano señala que es una cosa distinta que el caso del empresario italiano.
Las renuncias, indica el padre Lombardi se entienden por “las legítimas reflexiones y opiniones sobre cómo gestionar un Instituto de una naturaleza tan particular como el IOR”, y que además, son presentadas después de cerrar un ciclo, o sea, la positiva aprobación y publicación del Informe Anual del IOR.
“Los dos consejeros –indica la nota oficial– dieron una contribución competente y calificada en esta fase importante para la estabilidad e integridad del Instituto y su conformidad” particularmente “a nivel europeo”.
“El presidente de la Comisión cardenalicia por lo tanto ha agradecido a los dos miembros del Consejo y ha aceptados sus renuncias”. Por ello ahora inicia la fase para “evaluar nuevos candidatos que sean aptos para ocupar los puestos vacantes en el Consejo de intendencia”, lo cual, señaló el portavoz, lleva un tiempo prolongado.
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