CIUDAD DEL VATICANO, (ZENIT).- Hoy viernes ha entrado en vigor la Ley número 127, sobre la prevención y la lucha contra el blanqueo de fondos procedentes de actividades criminales y de la financiación del terrorismo.
Lo refiere una nota informativa difundida por la Sala de Prensa de la Santa Sede, recordando que la Ley se publicó el 30 de diciembre de 2010, junto a la Carta Apostólica “Motu Proprio” del Papa sobre el mismo tema (ver www.zenit.org/article-37794?l=spanish).
Una de las medidas que implementa es la del control sobre el dinero en contante, a partir de una cierta suma, que entra y sale del territorio vaticano.
En la nueva norma, “no se prohíbe el transporte de sumas superiores a los 10.000 euros”, pero sí prevén una declaración de dicha cantidad “ante las oficinas y entes dedicadas al control antiblanqueo” o, en su defecto, al Cuerpo de la Gendarmería.
El control sobre el movimiento del dinero en contante se considera, a nivel internacional, un “importante instrumento de transparencia”, pues las normas contra el blanqueo en las entidades financieras, pueden producir, como efecto secundario, un aumento del uso de dinero en contante, mucho menos “detectable”-
De ahí el compromiso por parte de las autoridades de pedir “una mayor transparencia” sobre estos fenómenos”.
La declaración del portador del dinero será de carácter reservado, así como la seguridad de la persona que lo lleve.
Si se detecta un transporte de dinero que no está dedicado a la realización de operaciones ante entes obligados a cumplir las normas antiblanqueo, la declaración deberá tener lugar por fuerza en la Gendarmería.
La Gendarmería vaticana, por su parte, transmitirá al AIF (Autoridad de Información Financiera) todas las declaraciones que recoja.
Si los gendarmes tienen alguna sospecha fundada, pueden “visitar los medios de transporte, los equipajes y demás objetos de quienes entran o salen del territorio del Estado”, invitándoles a “mostrar el dinero en metálico que llevan encima”.
El AIF, además de tener el poder de control general, será el encargado de redactar reglamentos para garantizar que se cumplan las obligaciones previstas en la ley, que serán publicados en el Acta Apostolicae Sedis.
El AIF se constituye como autoridad con el deber de “servir al Estado de la Ciudad del Vaticano y a la Santa Sede y a través de ellos, favorecer a todos los que trabajan en ella”, y a “detectar indicios de anomalía detectanto las operaciones sospechosas”.
La entrada en vigor de la ley, afirma la nota, se inscribe a pleno título en el compromiso de la Sede Apostólica sobre muchos otros temas, quizás menos altisonantes pero no por ello menos relevantes, de caridad en la verdad, dirigidos a la edificación de una convivencia civil justa y honrada”.
La nota vaticana recuerda que los actuales directivos del AIF, Marcello Condemi y Francesco De Pasquale, participaron el mes pasado, en representación de la Santa Sede, en la tercera reunión sobre la aplicación de la Convención del Consejo de Europa sobre el blanqueo, el secuestro y la confiscación de fondos procedentes del crimen y sobre la financiación del terrorismo (Varsovia, 2005).
Condemi y De Pasquale, además, se han reunido con MONEYVAL, organismo del Consejo de Europa dedicado a la valoración del reglamento anti blanqueo y antiterrorismo, en cuya reunión plenaria de Estrasburgo tienen previsto estar presentes.
Lo refiere una nota informativa difundida por la Sala de Prensa de la Santa Sede, recordando que la Ley se publicó el 30 de diciembre de 2010, junto a la Carta Apostólica “Motu Proprio” del Papa sobre el mismo tema (ver www.zenit.org/article-37794?l=spanish).
Una de las medidas que implementa es la del control sobre el dinero en contante, a partir de una cierta suma, que entra y sale del territorio vaticano.
En la nueva norma, “no se prohíbe el transporte de sumas superiores a los 10.000 euros”, pero sí prevén una declaración de dicha cantidad “ante las oficinas y entes dedicadas al control antiblanqueo” o, en su defecto, al Cuerpo de la Gendarmería.
El control sobre el movimiento del dinero en contante se considera, a nivel internacional, un “importante instrumento de transparencia”, pues las normas contra el blanqueo en las entidades financieras, pueden producir, como efecto secundario, un aumento del uso de dinero en contante, mucho menos “detectable”-
De ahí el compromiso por parte de las autoridades de pedir “una mayor transparencia” sobre estos fenómenos”.
La declaración del portador del dinero será de carácter reservado, así como la seguridad de la persona que lo lleve.
Si se detecta un transporte de dinero que no está dedicado a la realización de operaciones ante entes obligados a cumplir las normas antiblanqueo, la declaración deberá tener lugar por fuerza en la Gendarmería.
La Gendarmería vaticana, por su parte, transmitirá al AIF (Autoridad de Información Financiera) todas las declaraciones que recoja.
Si los gendarmes tienen alguna sospecha fundada, pueden “visitar los medios de transporte, los equipajes y demás objetos de quienes entran o salen del territorio del Estado”, invitándoles a “mostrar el dinero en metálico que llevan encima”.
El AIF, además de tener el poder de control general, será el encargado de redactar reglamentos para garantizar que se cumplan las obligaciones previstas en la ley, que serán publicados en el Acta Apostolicae Sedis.
El AIF se constituye como autoridad con el deber de “servir al Estado de la Ciudad del Vaticano y a la Santa Sede y a través de ellos, favorecer a todos los que trabajan en ella”, y a “detectar indicios de anomalía detectanto las operaciones sospechosas”.
La entrada en vigor de la ley, afirma la nota, se inscribe a pleno título en el compromiso de la Sede Apostólica sobre muchos otros temas, quizás menos altisonantes pero no por ello menos relevantes, de caridad en la verdad, dirigidos a la edificación de una convivencia civil justa y honrada”.
La nota vaticana recuerda que los actuales directivos del AIF, Marcello Condemi y Francesco De Pasquale, participaron el mes pasado, en representación de la Santa Sede, en la tercera reunión sobre la aplicación de la Convención del Consejo de Europa sobre el blanqueo, el secuestro y la confiscación de fondos procedentes del crimen y sobre la financiación del terrorismo (Varsovia, 2005).
Condemi y De Pasquale, además, se han reunido con MONEYVAL, organismo del Consejo de Europa dedicado a la valoración del reglamento anti blanqueo y antiterrorismo, en cuya reunión plenaria de Estrasburgo tienen previsto estar presentes.
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