Se ha firmado un protocolo de entendimiento anticorrupción entre la Secretaría para la Economía y la Oficina del Auditor General, informa la Oficina de Prensa de la Santa Sede hoy, 18 de septiembre de 2020.
El documento, signado por el padre Juan Antonio Guerrero, prefecto de la Secretaría de Asuntos Económicos, y Alessandro Cassinis Righini, auditor general ad interim, permitirá a las dos autoridades colaborar “más estrechamente en la identificación de los riesgos de corrupción”, indica la misma fuente.
El protocolo también promueve “la aplicación efectiva de las normas del Vaticano sobre transparencia, control y competencia en los contratos públicos”, reguladas por la ley de junio de 2020.
El 16 de junio se firmó también un protocolo entre la Autoridad de Información Financiera de la Santa Sede (AIF) y la Oficina del Auditor General para la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
La función de auditor general, con autoridad sobre cualquier organismo de la Santa Sede o el Vaticano, fue instituida por el Papa Francisco en febrero de 2014, junto con la Secretaría de Economía y el Consejo de Economía.
Según la revisión de sus estatutos en febrero de 2019, este auditor general es una “autoridad anticorrupción”: debe investigar, a petición del Consejo de Economía o de la Secretaría para la Economía, “anomalías en la utilización o asignación de recursos financieros o materiales”, “irregularidades en la adjudicación de contratos o en la realización de transacciones o cesiones”, “actos de corrupción” o “fraude”.
Nombrado por el Papa por cinco años, el auditor general también es responsable de “cualquier otro tipo de procedimiento de revisión que considere apropiado”. Debe informar de sus auditorías al Consejo Económico y a la AIF.
El documento, signado por el padre Juan Antonio Guerrero, prefecto de la Secretaría de Asuntos Económicos, y Alessandro Cassinis Righini, auditor general ad interim, permitirá a las dos autoridades colaborar “más estrechamente en la identificación de los riesgos de corrupción”, indica la misma fuente.
El protocolo también promueve “la aplicación efectiva de las normas del Vaticano sobre transparencia, control y competencia en los contratos públicos”, reguladas por la ley de junio de 2020.
El 16 de junio se firmó también un protocolo entre la Autoridad de Información Financiera de la Santa Sede (AIF) y la Oficina del Auditor General para la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
La función de auditor general, con autoridad sobre cualquier organismo de la Santa Sede o el Vaticano, fue instituida por el Papa Francisco en febrero de 2014, junto con la Secretaría de Economía y el Consejo de Economía.
Según la revisión de sus estatutos en febrero de 2019, este auditor general es una “autoridad anticorrupción”: debe investigar, a petición del Consejo de Economía o de la Secretaría para la Economía, “anomalías en la utilización o asignación de recursos financieros o materiales”, “irregularidades en la adjudicación de contratos o en la realización de transacciones o cesiones”, “actos de corrupción” o “fraude”.
Nombrado por el Papa por cinco años, el auditor general también es responsable de “cualquier otro tipo de procedimiento de revisión que considere apropiado”. Debe informar de sus auditorías al Consejo Económico y a la AIF.
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