GINEBRA, (ZENIT).- El arzobispo Silvano M. Tomasi, observador permanente ante la Oficina de la ONU en Ginebra, intervino el pasado 10 de marzo durante la XVI sesión ordinaria del Consejo de los Derechos Humanos, sobre la cuestión de la educación y la libertad de conciencia.
El discurso, que se ha publicado hoy en L'Osservatore Romano, subraya la preocupación de la Santa Sede por la defensa del “derecho humano a la libertad de religión en el contexto de la educación y en relación con ella”.
El arzobispo invocó el artículo 10 de la Declaración de los Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 5.2 de la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y de discriminación basadas en la religión o en el credo, que proclaman el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones.
“Todo niño gozará del derecho a tener acceso a educación en materia de religión o convicciones conforme con los deseos de sus padres o, en su caso, sus tutores legales, y no se le obligará a instruirse en una religión o convicciones contra los deseos de sus padres o tutores legales”, recordó monseñor Tomasi, sirviendo de principio rector el interés superior del niño”
“El bien reconocido derecho de los padres a decidir el tipo de educación religiosa que sus hijos deberían recibir tiene la precedencia sobre cualquier imposición abierta o indirectas por parte del Estado”, subrayó el prelado.
A pesar de que la relación entre educación y libertad de religión “es en muchos aspectos un campo en evolución”, sin embargo, “los derechos fundamentales no pueden ser violados: los de los padres y los de los creyentes mismos que actúan en comunidad”.
El límite al derecho a profesar las propias ideas religiosas libremente está “en los límites impuestos por el bien común y por un justo orden público, y, en todo caso, de una forma caracterizada por un sentido de responsabilidad”.
“El deber de garantizar una tutela equitativa de los derechos no debería ser contaminada por posiciones ideológicas que, por una parte, consideran un particular credo intolerante, y que por otra parte aceptan que el Estado obligue a una religión a adoptar una doctrina o un comportamiento contrario a sus convicciones”, afirmó monseñor Tomasi.
Por ello, “la instrucción pública no debería afrontar el argumento de la religión de modo que lleve al rechazo de la preferencia de los padres y al progreso de un conjunto alternativo de creencias”, añadió.
En último lugar, el observador de la Santa Sede ante la ONU advirtió contra la hipótesis “según la cual una fe debe cambiar en el tiempo”.
“Aunque algunos condicionantes históricos deben adaptarse a nuevas circunstancias, hay que evitar, por una parte, toda forma de relativismo, y, por la otra, toda forma de interferencia indebida en la vida interna de las comunidades de fe que violaría el derecho humano fundamental a la libertad de religión”.
En este sentido, “una presentación correcta de creencias distintas puede evitar la creación de estereotipos de las convicciones de los demás y puede abrir al diálogo y al respeto de la dignidad inalienable de cada estudiante, de cada creyente, de cada persona”, concluyó.
El discurso, que se ha publicado hoy en L'Osservatore Romano, subraya la preocupación de la Santa Sede por la defensa del “derecho humano a la libertad de religión en el contexto de la educación y en relación con ella”.
El arzobispo invocó el artículo 10 de la Declaración de los Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 5.2 de la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y de discriminación basadas en la religión o en el credo, que proclaman el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones.
“Todo niño gozará del derecho a tener acceso a educación en materia de religión o convicciones conforme con los deseos de sus padres o, en su caso, sus tutores legales, y no se le obligará a instruirse en una religión o convicciones contra los deseos de sus padres o tutores legales”, recordó monseñor Tomasi, sirviendo de principio rector el interés superior del niño”
“El bien reconocido derecho de los padres a decidir el tipo de educación religiosa que sus hijos deberían recibir tiene la precedencia sobre cualquier imposición abierta o indirectas por parte del Estado”, subrayó el prelado.
A pesar de que la relación entre educación y libertad de religión “es en muchos aspectos un campo en evolución”, sin embargo, “los derechos fundamentales no pueden ser violados: los de los padres y los de los creyentes mismos que actúan en comunidad”.
El límite al derecho a profesar las propias ideas religiosas libremente está “en los límites impuestos por el bien común y por un justo orden público, y, en todo caso, de una forma caracterizada por un sentido de responsabilidad”.
“El deber de garantizar una tutela equitativa de los derechos no debería ser contaminada por posiciones ideológicas que, por una parte, consideran un particular credo intolerante, y que por otra parte aceptan que el Estado obligue a una religión a adoptar una doctrina o un comportamiento contrario a sus convicciones”, afirmó monseñor Tomasi.
Por ello, “la instrucción pública no debería afrontar el argumento de la religión de modo que lleve al rechazo de la preferencia de los padres y al progreso de un conjunto alternativo de creencias”, añadió.
En último lugar, el observador de la Santa Sede ante la ONU advirtió contra la hipótesis “según la cual una fe debe cambiar en el tiempo”.
“Aunque algunos condicionantes históricos deben adaptarse a nuevas circunstancias, hay que evitar, por una parte, toda forma de relativismo, y, por la otra, toda forma de interferencia indebida en la vida interna de las comunidades de fe que violaría el derecho humano fundamental a la libertad de religión”.
En este sentido, “una presentación correcta de creencias distintas puede evitar la creación de estereotipos de las convicciones de los demás y puede abrir al diálogo y al respeto de la dignidad inalienable de cada estudiante, de cada creyente, de cada persona”, concluyó.
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