CIUDAD DEL VATICANO, (ZENIT).- El padre Federico Lombardi, director de la Sala de prensa de la Santa Sede, ha declarado hoy que la Santa Sede nunca ha pretendido encubrir los casos de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia en Irlanda, sino todo lo contrario.
El portavoz vaticano responde de forma personal a través de una declaración (ver www.zenit.org/article-39973?l=spanish) en Radio Vaticano, a las críticas vertidas contra la Santa Sede a raíz de la publicación del último informe del Gobierno irlandés sobre el encubrimiento de abusos sexuales por parte de las autoridades eclesiásticas de la diócesis irlandesa de Cloyne.
Estas reflexiones, puntualiza el padre Lombardi, son personales y “no constituyen en modo alguno la respuesta de la Santa Sede”, la cual responderá “en las formas y en los tiempos apropiados”.
El ya conocido como “Informe Cloyne”, forma parte de una investigación más amplia llevada a cabo por la jueza Yvonne Murphy para el Gobierno de Irlanda (ver www.zenit.org/article-39922?l=spanish).
En él se demuestra que el obispo de Cloyne, monseñor John Magee, es responsable del encubrimiento de al menos una decena de casos de abusos sexuales a menores, cometidos por miembros de su diócesis. Monseñor John Magee había sido anteriormente uno de los secretarios de Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II.
Las autoridades irlandesas, explica en su declaración el padre Lombardi, “han enviado a Roma a través del nuncio una copia del Informe pidiendo una reacción por parte de la Santa Sede”; una respuesta oficial que se producirá “en las formas y en los tiempos apropiados”, por lo que la declaración de hoy “no constituye sin embargo en modo alguno la respuesta oficial de la Santa Sede”.
En su larga declaración, el padre Lombardi pone de manifiesto el “decidido empeño” de la Santa Sede en aclarar los casos de abuso, y entre las acciones concretas menciona la Carta de Benedicto XVI a los católicos de Irlanda, así como la visita apostólica a la Iglesia en este país, cuyas conclusiones se conocerán próximamente.
Sobre todo insiste en la importancia de la renovación procesal que comenzó en 2001 con el Motu proprio Sacramentorum Sanctitatis tutela de Juan Pablo II y que culminó con las Normas sobre los “delitos más graves”, publicadas hace un año (ver www.zenit.org/article-36059?l=spanish).
La carta de 1997
Especialmente, Lombardi busca hacer frente a las críticas a la Santa Sede por la carta de 1997 hecha pública el pasado mes de enero (verwww.zenit.org/article-37958?l=spanish), e incluida en el “Informe Cloyne”.
En ella, el entonces nuncio en Irlanda, monseñor Luciano Storero, transmitía una serie de objeciones por parte de la Congregación para el Clero al documentoChild Sexual Abuse: Framework for a Church Response de los obispos irlandeses.
En la carta, el nuncio, ya fallecido, daba una serie de indicaciones a los obispos irlandeses sobre cómo afrontar los casos de abuso, afirmando que la obligación de informar a las autoridades “planteaba serias dudas morales y canónicas”.
El nuncio, explica Lombardi, “ponía de relieve que el Documento Child Sexual Abuse: Framework for a Church Response se prestaba a objeciones, porque contenía aspectos cuya compatibilidad con la ley canónica universal eran problemáticos”.
“Que la Congregación planteara objeciones era por tanto comprensible y legítimo, teniendo en cuenta la competencia de Roma en lo que respecta a las leyes de la Iglesia, y – aunque se puede discutir sobre la adecuación de la intervención romana de entonces en relación con la gravedad de la situación irlandesa – no hay razón alguna para interpretar esta carta como dirigida a ocultar los casos de abuso”.
En realidad, puntualiza, “se ponía en guardia contra el riesgo de que se adoptasen procedimientos que después se revelasen impugnables o inválidos desde el punto de vista canónico, haciendo vano así el propio objetivo de sanciones eficaces que los obispos irlandeses se proponían”.
Las objeciones a las que hacía referencia la carta sobre una obligación de información a las autoridades civiles (“mandatory reporting”), “no se oponían a ninguna ley civil en este sentido, porque ésta no existía en Irlanda en ese momento”, subraya Lombardi.
“No hay nada absolutamente en la carta que suene como una invitación a no respetar las leyes del país”, afirma.
“Resulta por ello curiosa la gravedad de ciertas críticas hechas al Vaticano, ¡como si la Santa Sede fuese culpable de non haber dado valor de ley canónica a normas a las que un Estado no había considerado necesario dar valor civil!”
Además, el portavoz vaticano trae a colación unas palabras de ese momento del cardenal Castrillón Hoyos, entonces prefecto de la Congregación para el Clero, dirigidas a los obispos irlandeses durante un encuentro en Sligo: “La Iglesia, a través de sus pastores, no debe, en absoluto, obstaculizar el legítimo camino de la justicia civil, mientras que, simultáneamente, pone en marcha los procedimientos canónicos regulares”.
“Al atribuir graves responsabilidades a la Santa Sede de lo que ha sucedido en Irlanda, semejantes acusaciones parecen ir mucho más allá de cuanto se refleja en el propio Informe (que usa tonos más equilibrados en la atribución de las responsabilidades) y no manifiestan la conciencia de lo que la Santa Sede ha efectivamente hecho en el transcurso de los años para contribuir a afrontar eficazmente el problema”, concluye.
El portavoz vaticano responde de forma personal a través de una declaración (ver www.zenit.org/article-39973?l=spanish) en Radio Vaticano, a las críticas vertidas contra la Santa Sede a raíz de la publicación del último informe del Gobierno irlandés sobre el encubrimiento de abusos sexuales por parte de las autoridades eclesiásticas de la diócesis irlandesa de Cloyne.
Estas reflexiones, puntualiza el padre Lombardi, son personales y “no constituyen en modo alguno la respuesta de la Santa Sede”, la cual responderá “en las formas y en los tiempos apropiados”.
El ya conocido como “Informe Cloyne”, forma parte de una investigación más amplia llevada a cabo por la jueza Yvonne Murphy para el Gobierno de Irlanda (ver www.zenit.org/article-39922?l=spanish).
En él se demuestra que el obispo de Cloyne, monseñor John Magee, es responsable del encubrimiento de al menos una decena de casos de abusos sexuales a menores, cometidos por miembros de su diócesis. Monseñor John Magee había sido anteriormente uno de los secretarios de Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II.
Las autoridades irlandesas, explica en su declaración el padre Lombardi, “han enviado a Roma a través del nuncio una copia del Informe pidiendo una reacción por parte de la Santa Sede”; una respuesta oficial que se producirá “en las formas y en los tiempos apropiados”, por lo que la declaración de hoy “no constituye sin embargo en modo alguno la respuesta oficial de la Santa Sede”.
En su larga declaración, el padre Lombardi pone de manifiesto el “decidido empeño” de la Santa Sede en aclarar los casos de abuso, y entre las acciones concretas menciona la Carta de Benedicto XVI a los católicos de Irlanda, así como la visita apostólica a la Iglesia en este país, cuyas conclusiones se conocerán próximamente.
Sobre todo insiste en la importancia de la renovación procesal que comenzó en 2001 con el Motu proprio Sacramentorum Sanctitatis tutela de Juan Pablo II y que culminó con las Normas sobre los “delitos más graves”, publicadas hace un año (ver www.zenit.org/article-36059?l=spanish).
La carta de 1997
Especialmente, Lombardi busca hacer frente a las críticas a la Santa Sede por la carta de 1997 hecha pública el pasado mes de enero (verwww.zenit.org/article-37958?l=spanish), e incluida en el “Informe Cloyne”.
En ella, el entonces nuncio en Irlanda, monseñor Luciano Storero, transmitía una serie de objeciones por parte de la Congregación para el Clero al documentoChild Sexual Abuse: Framework for a Church Response de los obispos irlandeses.
En la carta, el nuncio, ya fallecido, daba una serie de indicaciones a los obispos irlandeses sobre cómo afrontar los casos de abuso, afirmando que la obligación de informar a las autoridades “planteaba serias dudas morales y canónicas”.
El nuncio, explica Lombardi, “ponía de relieve que el Documento Child Sexual Abuse: Framework for a Church Response se prestaba a objeciones, porque contenía aspectos cuya compatibilidad con la ley canónica universal eran problemáticos”.
“Que la Congregación planteara objeciones era por tanto comprensible y legítimo, teniendo en cuenta la competencia de Roma en lo que respecta a las leyes de la Iglesia, y – aunque se puede discutir sobre la adecuación de la intervención romana de entonces en relación con la gravedad de la situación irlandesa – no hay razón alguna para interpretar esta carta como dirigida a ocultar los casos de abuso”.
En realidad, puntualiza, “se ponía en guardia contra el riesgo de que se adoptasen procedimientos que después se revelasen impugnables o inválidos desde el punto de vista canónico, haciendo vano así el propio objetivo de sanciones eficaces que los obispos irlandeses se proponían”.
Las objeciones a las que hacía referencia la carta sobre una obligación de información a las autoridades civiles (“mandatory reporting”), “no se oponían a ninguna ley civil en este sentido, porque ésta no existía en Irlanda en ese momento”, subraya Lombardi.
“No hay nada absolutamente en la carta que suene como una invitación a no respetar las leyes del país”, afirma.
“Resulta por ello curiosa la gravedad de ciertas críticas hechas al Vaticano, ¡como si la Santa Sede fuese culpable de non haber dado valor de ley canónica a normas a las que un Estado no había considerado necesario dar valor civil!”
Además, el portavoz vaticano trae a colación unas palabras de ese momento del cardenal Castrillón Hoyos, entonces prefecto de la Congregación para el Clero, dirigidas a los obispos irlandeses durante un encuentro en Sligo: “La Iglesia, a través de sus pastores, no debe, en absoluto, obstaculizar el legítimo camino de la justicia civil, mientras que, simultáneamente, pone en marcha los procedimientos canónicos regulares”.
“Al atribuir graves responsabilidades a la Santa Sede de lo que ha sucedido en Irlanda, semejantes acusaciones parecen ir mucho más allá de cuanto se refleja en el propio Informe (que usa tonos más equilibrados en la atribución de las responsabilidades) y no manifiestan la conciencia de lo que la Santa Sede ha efectivamente hecho en el transcurso de los años para contribuir a afrontar eficazmente el problema”, concluye.
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