La Delegación de la Santa Sede “insta al Gobierno” de la República Democrática del Congo a “tomar todas las medidas apropiadas para llevar a cabo investigaciones transparentes e imparciales sobre las denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas y llevar a los perpetradores a la justicia”.
El Obispo Ivan Jurkovič, Observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, intervino en la 36ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, en el “Diálogo interactivo sobre el informe del Alto Comisionado sobre la situación de los derechos humanos en la República Democrática del Congo”, celebrado el 27 de septiembre de 2017 en Ginebra.
Citando al Obispo Gallagher ante las Naciones Unidas en Nueva York el lunes 25 de septiembre de 2017, advirtió que “la persistente violencia y las tensiones políticas en la República Democrática del Congo requieren un compromiso urgente y efectivo de todas las partes para encontrar una solución a la crisis constitucional”.
Exhortó al gobierno de la República Democrática del Congo a establecer “juicios justos que respeten las normas internacionales en la lucha contra la impunidad” ya “intensificar sus esfuerzos para poner fin a la violencia en su territorio”.
En particular, las zonas afectadas por el conflicto siguen marcadas por un elevado número de violaciones y abusos de los derechos humanos. Según informó la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la violencia que afecta a la región ha causado la muerte de al menos 3.000 personas y el desplazamiento de más de un millón de personas. En las provincias de Kasai, Tanganyika, Kivu del Norte y Sur Kivu, el número de milicias y grupos armados, incluidos los grupos de autodefensa, ha aumentado y las tensiones interétnicas se han exacerbado. Por lo tanto, la Santa Sede está muy preocupada por las precarias condiciones de vida de esta población, debido a la falta de alimentos, de medicamentos y el riesgo de brotes epidémicos. Especialmente vulnerables son las mujeres, los niños y las personas con discapacidad, explicó Mons. Jurkovič.
Refugiados burundeses
En este contexto, la agencia FIDES informó el pasado 20 de septiembre de la muerte de 34 refugiados burundeses en el campo de refugiados cerca de la aldea de Kamanyola, en la llanura de Ruzizi, en Kivu del Sur, al este de la República Democrática del Congo, asesinados por las fuerzas de seguridad el 16 de septiembre.
Más de 410.000 burundeses se vieron obligados a encontrar refugio en la República Democrática del Congo y Tanzania debido a la violencia causada por la crisis que estalló en 2015 tras el tercer mandato otorgado al presidente Pierre Nkurunziza, en violación de la Constitución y de los Acuerdos de Paz de Arusha. Desde entonces, Burundi vive en un estado de constante tensión entre la violencia cometida por la milicia pro-gubernamental y la de algunos grupos guerrilleros que se oponen al Presidente.

El desarrollo social real –declaró el Observador ante la ONU– debe “centrarse integralmente en las personas” para conseguir logros duraderos, “especialmente para los más vulnerables y marginados”.
El Arzobispo Bernardito Auza, Observador Permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, intervino el pasado 2 de octubre de 2017 en Nueva York, durante el debate de la Tercera Comisión dedicado al Desarrollo Social, en la 72ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En su declaración, Monseñor Auza señaló que si bien se están haciendo progresos en la erradicación de la pobreza, el aumento de la desigualdad, el reciente aumento del número de personas que sufren hambre y el número de personas que quedan atrás no puede sino “preocupar a la comunidad internacional”.
Igualmente, Mons. Bernardito Auza indicó que la economía global “debe beneficiar a todos material y espiritualmente”, con subsidiariedad y solidaridad de encuentro. Asimismo, señaló las necesidades de los ancianos, discapacitados, jóvenes y migrantes.