El Arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa Savino, ha calificado como “injusta, incorrecta y negativa para el país” la condena de 13 años y 9 meses de prisión que recibió el jueves el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López. “Simplemente han querido poner escarmiento a líderes de la oposición, castigando en Leopoldo López todo lo que pueda ser disidencia, oposición justa, pacífica y democrática. Lamentablemente le ha tocado a Leopoldo ese papel”, ha afirmado en declaraciones a Unión Radio.

Además, el purpurado venezolano ha denunciado que el juicio al líder opositor contó con “muchísimas irregularidades”, ya que el hecho de no poder presentar testigos y pruebas que lo defendieran “es algo absurdo y vicia el proceso”.

“Se dice que él fue quien instigó hechos de violencia, y está demostrado que su discurso, si bien es un discurso de oposición, es un discurso no violento, pacífico, en el marco de la Constitución y las leyes. No es justo que simplemente por promover una manifestación de protesta pacífica en contra del gobierno se le achaquen a él toda una serie de delitos e instigación a crímenes”, ha indicado el cardenal Urosa.

Por otra parte, el arzobispo de Caracas ha lamentado los hechos violentos ocurridos en el Palacio de Justicia haciendo un llamamiento a respetar el derecho de protesta que tiene toda persona. “Esto no tiene que haberse permitido. Está muy mal. Hubo una violencia absolutamente indebida y con resultado de un muerto por el resultado de esa escaramuza. Eso es malísimo, no debemos permitirlo; el gobierno no debe propiciarlo, mandar a manifestantes que vayan, y entonces creen una situación de conflicto y pleito, y de violencia contra manifestantes de la oposición”, ha aseverado.

Finalmente, el purpurado ha manifestado su esperanza de que en el proceso de apelación que la defensa del líder de Voluntad Popular realiza se obtenga “una sentencia mucho más justa”, al tiempo que ha expresado su “consideración y solidaridad” a Leopoldo López y su familia.

Una clínica de Planned Parenthood en Alabama, al sur de Estados Unidos, se enfrenta a una investigación por no informar sobre un posible caso de abusos sexuales después de someter a una niña de 14 años a dos abortos en cuatro meses.

Tras el hecho destapado la semana pasada por LifeNews, la organización Alabama Citizens for Life pidió al fiscal general Luther Strange que intervenga contra la multinacional del aborto. La publicación dio a conocer un informe del Departamento de Salud Pública de Alabama (ADPH) que pone de manifiesto como, entre otros hechos, el centro médico no reportó la posible violación de una menor.

En abril de 2014, la niña visitó en dos ocasiones la clínica de Planned Parenthood en la ciudad de Mobile. La historia médica señala que la pequeña “ya había dado a luz dos hijos en embarazos separados”, según las averiguaciones del Departamento de Salud Pública.

La menor regresó al centro médico en el mes de agosto de ese mismo año. Al revisar los exámenes realizados a la niña, el inspector descubrió que “éste era el segundo aborto en cuatro meses”. Sin embargo, “no había documentación en el expediente médico sobre la sospecha de que fuera víctima de abusos por lo que las autoridades competentes no realizaron ningún informe al respecto”.

En el estado de Alabama, los médicos, el personal sanitario y los profesores están obligados por ley a informar a las autoridades si hay sospechas de que un menor es víctima de abusos o de un trato negligente.

Además de no denunciar la presunta violación de la pequeña, la clínica de Planned Parenthood también habría infringido la legislación estatal respecto al consentimiento de los padres para realizar un aborto a una menor; y la distribución de la píldora abortiva a una paciente con bajos niveles de hemoglobina sin la aprobación de un médico.

Esta red de planificación familiar administra 700 clínicas en Estados Unidos. En ellas se atienden a 2,7 millones de pacientes por año. Aproximadamente un tercio del millón de abortos que se realizan anualmente en el país se llevan a cabo en sus instalaciones.

La imagen de Planned Parenthood se ha visto dañada en las últimas semanas después de que The Center for Medical Progress hiciera públicos unos vídeos en los que aparecen algunos de sus altos ejecutivos discutiendo con un lenguaje gráfico sobre la venta de órganos y tejidos de bebés abortados.

En las grabaciones con cámara oculta llevadas a cabo por este grupo provida, los representantes de esta multinacional del aborto hablan de modificar la forma en la que llevan a cabo las “interrupciones de los embarazos” para obtener determinados órganos y destinarlos a la venta.

En Estados Unidos tanto la venta de órganos fetales como la modificación de las técnicas de aborto para la obtención de esos órganos están prohibidas por ley.

Miles de ciudadanos han salido a la calle para mostrar su indignación y exigir que se retire la financiación pública de más de 500 millones de dólares que recibe Planned Parenthood.

El papa Francisco se ha referido este domingo a la “dolorosa situación que se ha creado en la frontera” de Venezuela y Colombia, cerrada desde el pasado 19 de agosto, para asegurar a ambos países que “con espíritu de solidaridad y fraternidad, se pueden superar las actuales dificultades”. En estos términos se ha expresado el Santo Padre después del tradicional rezo del Ángelus.

“En estos días, los obispos de Venezuela y Colombia se han reunido para examinar juntos la dolorosa situación que se ha creado en la frontera entre ambos países”, ha dicho en español el Pontífice. “Veo en este encuentro un claro signo de esperanza”, ha añadido.

En este sentido, el Obispo de Roma ha invitado “a todos, en particular a los amados pueblos venezolano y colombiano, a rezar para que, con un espíritu de solidaridad y fraternidad, se puedan superar las actuales dificultades”.

El pasado 19 de agosto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el cierre de la frontera con Colombia. Desde entonces, al menos 1.355 colombianos fueron deportados y otros 15 mil ciudadanos regresaron voluntariamente a su país procedentes de Venezuela.

El obispo de la diócesis de Chimbote, en el norte de Perú, Mons. Angel Simón Piorno, se pronunció hoy en contra de la campaña que se ha lanzado en las redes sociales con el titulo: “Chapa a tu choro y déjalo paralítico”, (atrapa al ladrón y déjale paralítico).

Mons. Simón Piorno ha dicho que promover esta campaña pública significa aprobar una barbarie. “He sido testigo en Cajamarca como las rondas campesinas enterraban vivos a los ladrones, por eso digo que no es posible incentivar esta campaña porque es aprobar una barbarie, un acto de crueldad extremo” ha dicho el obispo.

Lo indicó hoy la agencia FIDES, precisando que la población está indignada por el clima de inseguridad y la corrupción de algunos elementos de la policía y de entre los jueces. 

Entretanto según la nota recibida en la Agencia Fides por fuentes locales, Mons. Piorno ha reiterado: “la solución no es ejecutar los linchamientos populares, porque además vivimos en una sociedad civil en la que hay instituciones que que deberían de resolver el grave problema de la delincuencia en el Perú.

Sé que estamos en el límite, que no podemos seguir viviendo en medio de ladrones, pero en esta sociedad civilizada el ojo por ojo y diente por diente no funciona ni debe funcionar, hay que exigir sí al Poder Judicial que no libere a quienes delinquen, que la fiscalía y la policía cumplan con su trabajo”.

Según los datos recogidos por la Agencia Fides, la campaña lanzada en las redes sociales de Perú por desgracia se ha difundido muy rápido y ya ha causado algunas víctimas entre jóvenes delincuentes sorprendidos mientras robaban. La violencia de las imágenes que circulan en lugar de provocar el rechazo ha atraído a otros a unirse a estos actos de violencia.