Una clínica de Planned Parenthood en Alabama, al sur de Estados Unidos, se enfrenta a una investigación por no informar sobre un posible caso de abusos sexuales después de someter a una niña de 14 años a dos abortos en cuatro meses.
Tras el hecho destapado la semana pasada por LifeNews, la organización Alabama Citizens for Life pidió al fiscal general Luther Strange que intervenga contra la multinacional del aborto. La publicación dio a conocer un informe del Departamento de Salud Pública de Alabama (ADPH) que pone de manifiesto como, entre otros hechos, el centro médico no reportó la posible violación de una menor.
En abril de 2014, la niña visitó en dos ocasiones la clínica de Planned Parenthood en la ciudad de Mobile. La historia médica señala que la pequeña “ya había dado a luz dos hijos en embarazos separados”, según las averiguaciones del Departamento de Salud Pública.
La menor regresó al centro médico en el mes de agosto de ese mismo año. Al revisar los exámenes realizados a la niña, el inspector descubrió que “éste era el segundo aborto en cuatro meses”. Sin embargo, “no había documentación en el expediente médico sobre la sospecha de que fuera víctima de abusos por lo que las autoridades competentes no realizaron ningún informe al respecto”.
En el estado de Alabama, los médicos, el personal sanitario y los profesores están obligados por ley a informar a las autoridades si hay sospechas de que un menor es víctima de abusos o de un trato negligente.
Además de no denunciar la presunta violación de la pequeña, la clínica de Planned Parenthood también habría infringido la legislación estatal respecto al consentimiento de los padres para realizar un aborto a una menor; y la distribución de la píldora abortiva a una paciente con bajos niveles de hemoglobina sin la aprobación de un médico.
Esta red de planificación familiar administra 700 clínicas en Estados Unidos. En ellas se atienden a 2,7 millones de pacientes por año. Aproximadamente un tercio del millón de abortos que se realizan anualmente en el país se llevan a cabo en sus instalaciones.
La imagen de Planned Parenthood se ha visto dañada en las últimas semanas después de que The Center for Medical Progress hiciera públicos unos vídeos en los que aparecen algunos de sus altos ejecutivos discutiendo con un lenguaje gráfico sobre la venta de órganos y tejidos de bebés abortados.
En las grabaciones con cámara oculta llevadas a cabo por este grupo provida, los representantes de esta multinacional del aborto hablan de modificar la forma en la que llevan a cabo las “interrupciones de los embarazos” para obtener determinados órganos y destinarlos a la venta.
En Estados Unidos tanto la venta de órganos fetales como la modificación de las técnicas de aborto para la obtención de esos órganos están prohibidas por ley.
Miles de ciudadanos han salido a la calle para mostrar su indignación y exigir que se retire la financiación pública de más de 500 millones de dólares que recibe Planned Parenthood.
Tras el hecho destapado la semana pasada por LifeNews, la organización Alabama Citizens for Life pidió al fiscal general Luther Strange que intervenga contra la multinacional del aborto. La publicación dio a conocer un informe del Departamento de Salud Pública de Alabama (ADPH) que pone de manifiesto como, entre otros hechos, el centro médico no reportó la posible violación de una menor.
En abril de 2014, la niña visitó en dos ocasiones la clínica de Planned Parenthood en la ciudad de Mobile. La historia médica señala que la pequeña “ya había dado a luz dos hijos en embarazos separados”, según las averiguaciones del Departamento de Salud Pública.
La menor regresó al centro médico en el mes de agosto de ese mismo año. Al revisar los exámenes realizados a la niña, el inspector descubrió que “éste era el segundo aborto en cuatro meses”. Sin embargo, “no había documentación en el expediente médico sobre la sospecha de que fuera víctima de abusos por lo que las autoridades competentes no realizaron ningún informe al respecto”.
En el estado de Alabama, los médicos, el personal sanitario y los profesores están obligados por ley a informar a las autoridades si hay sospechas de que un menor es víctima de abusos o de un trato negligente.
Además de no denunciar la presunta violación de la pequeña, la clínica de Planned Parenthood también habría infringido la legislación estatal respecto al consentimiento de los padres para realizar un aborto a una menor; y la distribución de la píldora abortiva a una paciente con bajos niveles de hemoglobina sin la aprobación de un médico.
Esta red de planificación familiar administra 700 clínicas en Estados Unidos. En ellas se atienden a 2,7 millones de pacientes por año. Aproximadamente un tercio del millón de abortos que se realizan anualmente en el país se llevan a cabo en sus instalaciones.
La imagen de Planned Parenthood se ha visto dañada en las últimas semanas después de que The Center for Medical Progress hiciera públicos unos vídeos en los que aparecen algunos de sus altos ejecutivos discutiendo con un lenguaje gráfico sobre la venta de órganos y tejidos de bebés abortados.
En las grabaciones con cámara oculta llevadas a cabo por este grupo provida, los representantes de esta multinacional del aborto hablan de modificar la forma en la que llevan a cabo las “interrupciones de los embarazos” para obtener determinados órganos y destinarlos a la venta.
En Estados Unidos tanto la venta de órganos fetales como la modificación de las técnicas de aborto para la obtención de esos órganos están prohibidas por ley.
Miles de ciudadanos han salido a la calle para mostrar su indignación y exigir que se retire la financiación pública de más de 500 millones de dólares que recibe Planned Parenthood.
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