SANTIAGO DE CHILE, (ZENIT).- Respecto a la situación en Chile de los comuneros mapuches en huelga de hambre, la Iglesia en Chile pidió un fortalecimiento del diálogo para encontrar las medidas legales y administrativas necesarias para solucionar pronto esta situación, que pone en riesgo la vida.
Un grupo de indígenas mapuches presos lleva 64 días en huelga de hambre para exigir la derogación de la ley antiterrorista que les fue aplicada por protestar reivindicando tierras ancestrales.
En rueda de prensa, el pasado jueves, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Alejandro Goic, dio lectura a una declaración titulada “Justicia y Paz con el Pueblo Mapuche”, firmada además por el arzobispo de Concepción, monseñor Ricardo Ezzati, y el obispo de Temuco, monseñor Manuel Camilo Vial.
En la declaración, los obispos afirman que ya “es hora que demos pasos significativos para avanzar en una convivencia fraterna, justa y pacífica entre todos quienes vivimos en nuestro querido Chile”.
Subrayan que “una respetuosa, plena y justa participación de los pueblos originarios de nuestra patria en la sociedad chilena es cada vez más apremiante”.
Recuerdan “los difíciles momentos vividos en años anteriores” y afirman que “nuevamente nos encontramos con graves situaciones de tensión que amenazan la salud y la vida de hermanos nuestros y la paz social”.
Reconocen que esto no es “algo fácil ni rápido, pues hay de por medio tradiciones, culturas, leyes y normas administrativas diversas que dificultan los acuerdos” pero afirman que, “en este camino, la Iglesia ha cumplido y está dispuesta a seguir cumpliendo un papel de acercamiento justo y solidario, sobre la base de los imperativos del Evangelio que la guían”.
Con el ánimo de colaborar en esta grave situación, los prelados “solicitan encarecidamente a quienes ejercen las responsabilidades de gobernar, de legislar y de juzgar, que actúen prontamente, con apertura para encontrar las medidas legales y administrativas necesarias que pongan fin a las huelgas de hambre de los comuneros mapuches, sobre todo en lo relacionado con la legislación antiterrorista que les es aplicada, imponiendo así los imperativos éticos que presenta esta imprevista situación por sobre otro tipo de consideraciones que pasan a ser secundarias”.
Sugieren que “sería un signo de magnanimidad, fortaleza y benevolencia ahora que celebramos el bicentenario de Chile, que tiene vocación de unidad y solidaridad”.
Expresan su convicción de que “una pronta solución a la huelga de hambre, fortalece y legitima las declaraciones de intención del gobierno, que plantean el inicio de un nuevo trato para el pueblo mapuche. Una actitud como la planteada abre también una oportunidad para continuar trabajando, con humildad y humanidad, junto con los pueblos originarios en la búsqueda de su plena participación social, cultural, económica y política, respetando sus derechos fundamentales”.
A los miembros de las comunidades mapuches les piden “que eviten que algunos de sus integrantes pongan en riesgo sus vidas y continúen su lucha por otros medios legítimos”, manifiestan su disposición “a acompañarlos en sus justas reivindicaciones” y reiteran que “el pueblo mapuche requiere respeto y diálogo, evitando las soluciones de fuerza, a veces impuesta por el uso de leyes injustas para estas realidades”.
Agradecen el esfuerzo del Gobierno y de los comuneros mapuches “para buscar formas de iniciar un diálogo conducente a resolver estas situaciones”, y lamentan que “hasta ahora no hayan dado el fruto esperado”. Les piden “apremiantemente que cedan en aquellas de sus posiciones que les han impedido avanzar y, en un gesto propio de seres humanos conscientes, establezcan mecanismos para iniciar cuanto antes esos diálogos”.
Ruegan a los comuneros mapuches “que depongan su huelga de hambre” y al Gobierno que “adopte prontamente medidas legales concretas que vayan en la dirección de solucionar este conflicto”.
Concluyen invitando “a todos los creyentes y en particular a las comunidades católicas a elevar sus oraciones al Padre de la Misericordia para que lo más prontamente posible se llegue a una solución digna y justa para todos”.
Un grupo de indígenas mapuches presos lleva 64 días en huelga de hambre para exigir la derogación de la ley antiterrorista que les fue aplicada por protestar reivindicando tierras ancestrales.
En rueda de prensa, el pasado jueves, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Alejandro Goic, dio lectura a una declaración titulada “Justicia y Paz con el Pueblo Mapuche”, firmada además por el arzobispo de Concepción, monseñor Ricardo Ezzati, y el obispo de Temuco, monseñor Manuel Camilo Vial.
En la declaración, los obispos afirman que ya “es hora que demos pasos significativos para avanzar en una convivencia fraterna, justa y pacífica entre todos quienes vivimos en nuestro querido Chile”.
Subrayan que “una respetuosa, plena y justa participación de los pueblos originarios de nuestra patria en la sociedad chilena es cada vez más apremiante”.
Recuerdan “los difíciles momentos vividos en años anteriores” y afirman que “nuevamente nos encontramos con graves situaciones de tensión que amenazan la salud y la vida de hermanos nuestros y la paz social”.
Reconocen que esto no es “algo fácil ni rápido, pues hay de por medio tradiciones, culturas, leyes y normas administrativas diversas que dificultan los acuerdos” pero afirman que, “en este camino, la Iglesia ha cumplido y está dispuesta a seguir cumpliendo un papel de acercamiento justo y solidario, sobre la base de los imperativos del Evangelio que la guían”.
Con el ánimo de colaborar en esta grave situación, los prelados “solicitan encarecidamente a quienes ejercen las responsabilidades de gobernar, de legislar y de juzgar, que actúen prontamente, con apertura para encontrar las medidas legales y administrativas necesarias que pongan fin a las huelgas de hambre de los comuneros mapuches, sobre todo en lo relacionado con la legislación antiterrorista que les es aplicada, imponiendo así los imperativos éticos que presenta esta imprevista situación por sobre otro tipo de consideraciones que pasan a ser secundarias”.
Sugieren que “sería un signo de magnanimidad, fortaleza y benevolencia ahora que celebramos el bicentenario de Chile, que tiene vocación de unidad y solidaridad”.
Expresan su convicción de que “una pronta solución a la huelga de hambre, fortalece y legitima las declaraciones de intención del gobierno, que plantean el inicio de un nuevo trato para el pueblo mapuche. Una actitud como la planteada abre también una oportunidad para continuar trabajando, con humildad y humanidad, junto con los pueblos originarios en la búsqueda de su plena participación social, cultural, económica y política, respetando sus derechos fundamentales”.
A los miembros de las comunidades mapuches les piden “que eviten que algunos de sus integrantes pongan en riesgo sus vidas y continúen su lucha por otros medios legítimos”, manifiestan su disposición “a acompañarlos en sus justas reivindicaciones” y reiteran que “el pueblo mapuche requiere respeto y diálogo, evitando las soluciones de fuerza, a veces impuesta por el uso de leyes injustas para estas realidades”.
Agradecen el esfuerzo del Gobierno y de los comuneros mapuches “para buscar formas de iniciar un diálogo conducente a resolver estas situaciones”, y lamentan que “hasta ahora no hayan dado el fruto esperado”. Les piden “apremiantemente que cedan en aquellas de sus posiciones que les han impedido avanzar y, en un gesto propio de seres humanos conscientes, establezcan mecanismos para iniciar cuanto antes esos diálogos”.
Ruegan a los comuneros mapuches “que depongan su huelga de hambre” y al Gobierno que “adopte prontamente medidas legales concretas que vayan en la dirección de solucionar este conflicto”.
Concluyen invitando “a todos los creyentes y en particular a las comunidades católicas a elevar sus oraciones al Padre de la Misericordia para que lo más prontamente posible se llegue a una solución digna y justa para todos”.
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