CIUDAD DE GUATEMALA, (ZENIT).- “No Matarás” es el título de un comunicado de los obispos de Guatemala recordando la doctrina social de la Iglesia sobre la pena de muerte, firmado por su presidente este jueves.
“Preocupados ante la renovada controversia sobre la pena de muerte que se ha suscitado en nuestro país”, afirman los prelados, hacen público este comunicado, firmado por su presidente Pablo Vizcaíno Prado, obispo de Suchitepéquez-Retalhuleu.
Los prelados constatan que “la aplicación de la pena de muerte ha sido parte de la legislación en los países cristianos hasta el siglo pasado” aunque recuerdan que, en los cuales, “nunca se olvidó el respeto debido a la vida, el papel que juega la misericordia de Dios dispuesto a perdonar incluso a quien ha cometido crímenes horrendos, ni el riesgo que se corre en la justicia humana de aplicar tal castigo de manera injusta”.
Por eso, explican, “el sistema penal creó el recurso de gracia, por el que la autoridad suprema del Estado podía libremente detener su ejecución”.
La enseñanza actual de la Iglesia Católica, afirman los obispos guatemaltecos, sobre el argumento “tiene su fundamento en el modo de proceder de Jesús, Hijo de Dios, el cual fue víctima de su aplicación injusta, amañada y perversa por parte de autoridades corruptas de aquel tiempo”.
Así mismo, señalan “el comportamiento de Jesús en el conocido caso de la mujer encontrada en flagrante adulterio (Jn 8,2-11), merecedora de la pena de muerte según la aplicación literal de la ley”.
Además –añaden--, Jesús “con su actitud manifestó la necesidad de abrir la puerta al arrepentimiento y la conversión de quien es acusado”.
“Actualmente –subrayan- la difusión del aborto, los experimentos con embriones y la bioingeniería, las experimentaciones científicas con humanos, las prácticas de eutanasia, las masacres en los conflictos bélicos, el recurso al terrorismo de la muerte indiscriminada de ciudadanos inocentes y otros atentados contra la vida y la dignidad de la persona humana han creado una sensibilidad ética y moral particularmente aguda hacia la defensa de la vida, que ha traído como consecuencia el cuestionamiento de la práctica de la pena de muerte”.
Así mismo, indican que “el desarrollo de los sistemas penitenciarios modernos debe permitir crear mecanismos que preserven la integridad de la sociedad frente a agresiones criminales”.
“ No se trata de renunciar a la defensa legítima de la sociedad frente a las agresiones criminales, sino de recurrir a medios no cruentos para realizar esta defensa. La oposición a la pena de muerte no significa ni quiere ser un sí a la impunidad”, añaden.
Por ello, afirman: “censuramos como moralmente irresponsable la promoción de la pena de muerte como propaganda política, pues la desesperación ciudadana por la ineficacia del sistema judicial se combate mejorando el sistema judicial y penitenciario y no aplicando la pena capital”.
“En la aplicación de la pena de muerte late a veces un deseo de venganza disfrazado de justicia. La violencia no se combate con violencia cruenta ejercida bajo el amparo de la autoridad del Estado; más bien con ello se le da a la violencia visos de legitimidad”, afirman.
Expresn su desacuerdo “con el argumento de que la aplicación de la pena de muerte reducirá los índices de criminalidad de nuestra sociedad, pues éstos se deben a otros factores como la falta de acceso a la educación, a oportunidades de trabajo, a la integración de la familia”.
Por eso –afirman- “es una inmoralidad y una falsedad prometer acabar con la delincuencia y el crimen organizado promoviendo la pena de muerte. El remedio a la violencia está más bien en la aplicación de políticas de desarrollo social éticamente fundadas”.
Piden en cambio el fortalecimiento del sistema de justicia, “para que sea pronta, eficiente e imparcial”; el fortalecimiento “de un sistema penitenciario que realmente resguarde a la sociedad de las acciones criminales de quienes guardan prisión, que sea un sistema en que los reos expíen adecuadamente su crimen a la vez que se respeta su dignidad humana y se favorece su regeneración”.
Solicitan al Congreso de la República que haga uso de la facultad que le concede la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 18 y decrete la abolición de la pena de muerte e invitan “reiteradamente a toda la población guatemalteca a crear una verdadera cultura de la vida que se oponga decididamente a la anti cultura de la muerte por medio de nuestro compromiso diario en el camino de la conversión, la reconciliación y la construcción de la verdadera paz”.
“Preocupados ante la renovada controversia sobre la pena de muerte que se ha suscitado en nuestro país”, afirman los prelados, hacen público este comunicado, firmado por su presidente Pablo Vizcaíno Prado, obispo de Suchitepéquez-Retalhuleu.
Los prelados constatan que “la aplicación de la pena de muerte ha sido parte de la legislación en los países cristianos hasta el siglo pasado” aunque recuerdan que, en los cuales, “nunca se olvidó el respeto debido a la vida, el papel que juega la misericordia de Dios dispuesto a perdonar incluso a quien ha cometido crímenes horrendos, ni el riesgo que se corre en la justicia humana de aplicar tal castigo de manera injusta”.
Por eso, explican, “el sistema penal creó el recurso de gracia, por el que la autoridad suprema del Estado podía libremente detener su ejecución”.
La enseñanza actual de la Iglesia Católica, afirman los obispos guatemaltecos, sobre el argumento “tiene su fundamento en el modo de proceder de Jesús, Hijo de Dios, el cual fue víctima de su aplicación injusta, amañada y perversa por parte de autoridades corruptas de aquel tiempo”.
Así mismo, señalan “el comportamiento de Jesús en el conocido caso de la mujer encontrada en flagrante adulterio (Jn 8,2-11), merecedora de la pena de muerte según la aplicación literal de la ley”.
Además –añaden--, Jesús “con su actitud manifestó la necesidad de abrir la puerta al arrepentimiento y la conversión de quien es acusado”.
“Actualmente –subrayan- la difusión del aborto, los experimentos con embriones y la bioingeniería, las experimentaciones científicas con humanos, las prácticas de eutanasia, las masacres en los conflictos bélicos, el recurso al terrorismo de la muerte indiscriminada de ciudadanos inocentes y otros atentados contra la vida y la dignidad de la persona humana han creado una sensibilidad ética y moral particularmente aguda hacia la defensa de la vida, que ha traído como consecuencia el cuestionamiento de la práctica de la pena de muerte”.
Así mismo, indican que “el desarrollo de los sistemas penitenciarios modernos debe permitir crear mecanismos que preserven la integridad de la sociedad frente a agresiones criminales”.
“ No se trata de renunciar a la defensa legítima de la sociedad frente a las agresiones criminales, sino de recurrir a medios no cruentos para realizar esta defensa. La oposición a la pena de muerte no significa ni quiere ser un sí a la impunidad”, añaden.
Por ello, afirman: “censuramos como moralmente irresponsable la promoción de la pena de muerte como propaganda política, pues la desesperación ciudadana por la ineficacia del sistema judicial se combate mejorando el sistema judicial y penitenciario y no aplicando la pena capital”.
“En la aplicación de la pena de muerte late a veces un deseo de venganza disfrazado de justicia. La violencia no se combate con violencia cruenta ejercida bajo el amparo de la autoridad del Estado; más bien con ello se le da a la violencia visos de legitimidad”, afirman.
Expresn su desacuerdo “con el argumento de que la aplicación de la pena de muerte reducirá los índices de criminalidad de nuestra sociedad, pues éstos se deben a otros factores como la falta de acceso a la educación, a oportunidades de trabajo, a la integración de la familia”.
Por eso –afirman- “es una inmoralidad y una falsedad prometer acabar con la delincuencia y el crimen organizado promoviendo la pena de muerte. El remedio a la violencia está más bien en la aplicación de políticas de desarrollo social éticamente fundadas”.
Piden en cambio el fortalecimiento del sistema de justicia, “para que sea pronta, eficiente e imparcial”; el fortalecimiento “de un sistema penitenciario que realmente resguarde a la sociedad de las acciones criminales de quienes guardan prisión, que sea un sistema en que los reos expíen adecuadamente su crimen a la vez que se respeta su dignidad humana y se favorece su regeneración”.
Solicitan al Congreso de la República que haga uso de la facultad que le concede la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 18 y decrete la abolición de la pena de muerte e invitan “reiteradamente a toda la población guatemalteca a crear una verdadera cultura de la vida que se oponga decididamente a la anti cultura de la muerte por medio de nuestro compromiso diario en el camino de la conversión, la reconciliación y la construcción de la verdadera paz”.
RSS Feed