WASHINGTON, D.C., (ZENIT).- La libertad religiosa está amenazada en los Estados Unidos hasta el punto de justificar un nuevo comité ad hoc que afronte esta preocupación creciente, sostienen los obispos de la nación.
La Conferencia Episcopal de los Estados Unidos (USCCB) anunció el pasado viernes la institución del Comité Ad Hoc para la Libertad Religiosa, presidido por monseñor William Lori de Bridgeport, Connecticut.
El apoyo al trabajo del Comité incluirá la incorporación de dos miembros a tiempo completo al equipo de la USCCB: un abogado experto en el derecho relativo a la libertad religiosa y un representante de un grupo de presión que gestionará las cuestiones que tienen que ver tanto con la libertad religiosa, como con el matrimonio.
Monseñor Lori, de 60 años de edad, afirmó que acoge con satisfacción la “oportunidad de trabajar con mis hermanos obispos y con hombres y mujeres expertos en derecho constitucional para defender y promover el don divino de la libertad reconocido y garantizado por la Carta de Derechos de la Constitución de los Estados Unidos”.
“Este Comité ad hoc pretende afrontar las crecientes amenazas a la libertad religiosa de nuestra sociedad, de manera que la misión de la Iglesia pueda proceder sin impedimentos y los derechos de los creyentes de toda fe religiosa o de ninguna puedan ser respetados”, añadió
Sin precedentes
En su carta a los obispos para anunciar la institución del Comité ad hoc, monseñor Timothy Dolan, presidente de la USCCB, afirmó que la libertad religiosa “en sus muchas y diversas aplicaciones para los cristianos y la gente de fe está siempre bajo ataque en América, de formas sin precedentes”.
“Esto es sobre todo por un número cada vez mayor de programas y de políticas del Gobierno Federal que violarían el derecho de conciencia de las personas de fe o dañarían el principio de base de la libertad religiosa”, observó.
El arzobispo añadió que “la institución de un Comité ad hoc es un elemento del que espero que sea un momento nuevo en la historia de nuestra Conferencia”.
“Nunca antes habíamos afrontado este tipo de desafío a nuestra capacidad de comprometernos en el ámbito público como personas de fe y proveedoras de servicios. Si no actuamos ahora, las consecuencias serán graves”.
Lista de preocupaciones
Monseñor Dolan ofreció, entonces, una lista de seis puntos relativa a las preocupaciones para la libertad religiosa que se han presentado desde junio:
• Las normas del Federal Department of Health and Human Services (HHS) que autorizarían la cobertura de la anticoncepción (incluso los fármacos abortivos) y de la esterilización en todos los niveles privados de la asistencia sanitaria, lo que obligaría a los empleadores de la Iglesia a promover y pagar por servicios a los que se oponen. Las nuevas reglas no defienden a las aseguradoras o a los individuos con objeciones religiosas o morales a esta autorización.
• Una petición del HHS de que los Servicios para los Inmigrantes y los Refugiados (MRS) de la USCCB provean de “todas las posibilidades de servicios reproductivos” - es decir aborto y anticoncepción- a las víctimas del tráfico de seres humanos y a los menores no acompañados en sus acuerdos de cooperación y en los contratos gubernamentales. Esta posición refleja la promovida por la American Civil Liberties Union (ACLU) en la causa actual que desafía la constitucionalidad de los contratos de la MRS como violación de la libertad religiosa.
• La preocupación de los Catholic Relief Services por el hecho de que la Agencia para el Desarrollo Interno de los Estados Unidos, dependiente del Departamento de Estado, esté aumentando cada vez más la distribución de preservativos en los programas de prevención del VIH y pidiendo la anticoncepción en los programas internacionales de apoyo y desarrollo.
• El ataque del Departamento de Justicia alDefense of Marriage Act (DOMA), presentando el apoyo del DOMA al matrimonio tradicional como intolerante. En julio, el Departamento comenzó a presentar los informes que atacan la constitucionalidad del DOMA, afirmando que los partidarios de la ley podrían estar motivados sólo por la discriminación y el prejuicio. “Si somos etiquetados como 'intolerantes' -sobre todo en un tribunal- a causa de nuestra enseñanza sobre el matrimonio, como resultado tendremos conflictos entre el Estado y la Iglesia en los próximos años”, dijo monseñor Dolan.
•El reciente ataque del Departamento de Justicia sobre el elemento de fundamental importancia de la “excepción ministerial”, una doctrina constitucional aceptada por todos los tribunales de apelación del país que deja a las Iglesias (y no al Gobierno) el poder de tomar decisiones de empleo relativas a las personas que trabajan en una posición ministerial. En un proceso en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el Departamento atacó la misma existencia de la excepción.
•La nueva legislación del estado de Nueva York que redefine el matrimonio, con una dispensa religiosa decididamente restringida. Los empleados de la provincia ya se enfrentan a acciones legales por rechazar su participación en uniones del mismo sexo, y los partidarios de los gay están destacando públicamente la poca defensa de la libertad religiosa de la que disfrutan las personas y los grupos que están bajo la nueva ley.
La carta de monseñor Dolan a los obispos en la que se anuncia la institución del Comité se puede consultar en: www.usccb.org/issues-and-action/religious-liberty/upload/dolan-letter-on-religious-liberty.pdf
La Conferencia Episcopal de los Estados Unidos (USCCB) anunció el pasado viernes la institución del Comité Ad Hoc para la Libertad Religiosa, presidido por monseñor William Lori de Bridgeport, Connecticut.
El apoyo al trabajo del Comité incluirá la incorporación de dos miembros a tiempo completo al equipo de la USCCB: un abogado experto en el derecho relativo a la libertad religiosa y un representante de un grupo de presión que gestionará las cuestiones que tienen que ver tanto con la libertad religiosa, como con el matrimonio.
Monseñor Lori, de 60 años de edad, afirmó que acoge con satisfacción la “oportunidad de trabajar con mis hermanos obispos y con hombres y mujeres expertos en derecho constitucional para defender y promover el don divino de la libertad reconocido y garantizado por la Carta de Derechos de la Constitución de los Estados Unidos”.
“Este Comité ad hoc pretende afrontar las crecientes amenazas a la libertad religiosa de nuestra sociedad, de manera que la misión de la Iglesia pueda proceder sin impedimentos y los derechos de los creyentes de toda fe religiosa o de ninguna puedan ser respetados”, añadió
Sin precedentes
En su carta a los obispos para anunciar la institución del Comité ad hoc, monseñor Timothy Dolan, presidente de la USCCB, afirmó que la libertad religiosa “en sus muchas y diversas aplicaciones para los cristianos y la gente de fe está siempre bajo ataque en América, de formas sin precedentes”.
“Esto es sobre todo por un número cada vez mayor de programas y de políticas del Gobierno Federal que violarían el derecho de conciencia de las personas de fe o dañarían el principio de base de la libertad religiosa”, observó.
El arzobispo añadió que “la institución de un Comité ad hoc es un elemento del que espero que sea un momento nuevo en la historia de nuestra Conferencia”.
“Nunca antes habíamos afrontado este tipo de desafío a nuestra capacidad de comprometernos en el ámbito público como personas de fe y proveedoras de servicios. Si no actuamos ahora, las consecuencias serán graves”.
Lista de preocupaciones
Monseñor Dolan ofreció, entonces, una lista de seis puntos relativa a las preocupaciones para la libertad religiosa que se han presentado desde junio:
• Las normas del Federal Department of Health and Human Services (HHS) que autorizarían la cobertura de la anticoncepción (incluso los fármacos abortivos) y de la esterilización en todos los niveles privados de la asistencia sanitaria, lo que obligaría a los empleadores de la Iglesia a promover y pagar por servicios a los que se oponen. Las nuevas reglas no defienden a las aseguradoras o a los individuos con objeciones religiosas o morales a esta autorización.
• Una petición del HHS de que los Servicios para los Inmigrantes y los Refugiados (MRS) de la USCCB provean de “todas las posibilidades de servicios reproductivos” - es decir aborto y anticoncepción- a las víctimas del tráfico de seres humanos y a los menores no acompañados en sus acuerdos de cooperación y en los contratos gubernamentales. Esta posición refleja la promovida por la American Civil Liberties Union (ACLU) en la causa actual que desafía la constitucionalidad de los contratos de la MRS como violación de la libertad religiosa.
• La preocupación de los Catholic Relief Services por el hecho de que la Agencia para el Desarrollo Interno de los Estados Unidos, dependiente del Departamento de Estado, esté aumentando cada vez más la distribución de preservativos en los programas de prevención del VIH y pidiendo la anticoncepción en los programas internacionales de apoyo y desarrollo.
• El ataque del Departamento de Justicia alDefense of Marriage Act (DOMA), presentando el apoyo del DOMA al matrimonio tradicional como intolerante. En julio, el Departamento comenzó a presentar los informes que atacan la constitucionalidad del DOMA, afirmando que los partidarios de la ley podrían estar motivados sólo por la discriminación y el prejuicio. “Si somos etiquetados como 'intolerantes' -sobre todo en un tribunal- a causa de nuestra enseñanza sobre el matrimonio, como resultado tendremos conflictos entre el Estado y la Iglesia en los próximos años”, dijo monseñor Dolan.
•El reciente ataque del Departamento de Justicia sobre el elemento de fundamental importancia de la “excepción ministerial”, una doctrina constitucional aceptada por todos los tribunales de apelación del país que deja a las Iglesias (y no al Gobierno) el poder de tomar decisiones de empleo relativas a las personas que trabajan en una posición ministerial. En un proceso en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el Departamento atacó la misma existencia de la excepción.
•La nueva legislación del estado de Nueva York que redefine el matrimonio, con una dispensa religiosa decididamente restringida. Los empleados de la provincia ya se enfrentan a acciones legales por rechazar su participación en uniones del mismo sexo, y los partidarios de los gay están destacando públicamente la poca defensa de la libertad religiosa de la que disfrutan las personas y los grupos que están bajo la nueva ley.
La carta de monseñor Dolan a los obispos en la que se anuncia la institución del Comité se puede consultar en: www.usccb.org/issues-and-action/religious-liberty/upload/dolan-letter-on-religious-liberty.pdf
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