La Conferencia Episcopal de Venezuela, a través de la Comisión de Justicia y Paz, ha manifestado su preocupación sobre la realidad carcelaria, a través de un comunicado con ocasión de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de los encarcelados, el día 24 de septiembre.
De este modo, los obispos consideran que la situación carcelaria en Venezuela, “con base en las estadísticas presentadas por las diferentes ONGs de Derechos Humanos entre las cuales resalta la del Observatorio Venezolano de Prisiones”, sigue presentado “violaciones recurrentes a los derechos fundamentales y demás instrumentos jurídicos de la República Bolivariana de Venezuela”.
Por otro lado, advierten de que las mismas están demostradas no solo con los estudios estadísticos fiables ya expresados, y las innumerables denuncias recibidas por esta instancia eclesial, sino que “constituyen hechos públicos, notorios y comunicacionales difundidos por los medios de comunicación social y por diferentes redes sociales”.
Por eso, denuncia que la vulneración reiterada y sistemática a los derechos humanos de los privados de libertad en Venezuela están constituidas por el “hacinamiento en los internados judiciales, penitenciarios y retenes policiales en un 190%”, “insalubridad de las infraestructuras, instalaciones y deficiencias en la atención médica a los recluidos”, “uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades llamadas a garantizar el control de las prisiones”, “tratos crueles con algunos casos de presos políticos”, “retraso en los traslados reclusos que inciden los plazos judiciales por la inobservancia del debido proceso”, “la existencia de algunos internos desadaptados (pranes) de centros penitenciarios que indican el poco control de las autoridades sobre estos grupos, permitiendo actividades delictivas dentro de las instalaciones”, “tratos inhumanos y degradantes a los familiares de los internos en sus visitas regulares, atentando su integridad física, psíquica y moral” y “desconocimiento de parte de cuerpos de seguridad del estado a las órdenes de excarcelación emanadas de los Tribunales competentes, alegando faltas en sus formatos”.
En esta línea, la Conferencia Episcopal insta “al Gobierno a cumplir y hacer cumplir con los derechos y garantías que asisten a los encarcelados y sus familias y recordarles así mismo las sanciones previstas en la normativa penal vigente que tipifican las acciones y omisiones de los funcionarios que incurran en estas conductas”, “a los funcionarios a encontrar la justicia, sentido de equidad y celeridad en su trabajo”, “a nuestros Agentes Pastorales a conocer los problemas de tantos hermanos encarcelados, en quienes está el mismo Cristo, nos urge a no quedarnos pasivos e indiferentes y a multiplicar obras de misericordia”.
Finalmente, agradecen y valoran a todos los que, con responsabilidad y profesionalidad, “brindan en un contexto nada fácil, su servicio en los recintos penitenciarios, buscando el bien común”.
De este modo, los obispos consideran que la situación carcelaria en Venezuela, “con base en las estadísticas presentadas por las diferentes ONGs de Derechos Humanos entre las cuales resalta la del Observatorio Venezolano de Prisiones”, sigue presentado “violaciones recurrentes a los derechos fundamentales y demás instrumentos jurídicos de la República Bolivariana de Venezuela”.
Por otro lado, advierten de que las mismas están demostradas no solo con los estudios estadísticos fiables ya expresados, y las innumerables denuncias recibidas por esta instancia eclesial, sino que “constituyen hechos públicos, notorios y comunicacionales difundidos por los medios de comunicación social y por diferentes redes sociales”.
Por eso, denuncia que la vulneración reiterada y sistemática a los derechos humanos de los privados de libertad en Venezuela están constituidas por el “hacinamiento en los internados judiciales, penitenciarios y retenes policiales en un 190%”, “insalubridad de las infraestructuras, instalaciones y deficiencias en la atención médica a los recluidos”, “uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades llamadas a garantizar el control de las prisiones”, “tratos crueles con algunos casos de presos políticos”, “retraso en los traslados reclusos que inciden los plazos judiciales por la inobservancia del debido proceso”, “la existencia de algunos internos desadaptados (pranes) de centros penitenciarios que indican el poco control de las autoridades sobre estos grupos, permitiendo actividades delictivas dentro de las instalaciones”, “tratos inhumanos y degradantes a los familiares de los internos en sus visitas regulares, atentando su integridad física, psíquica y moral” y “desconocimiento de parte de cuerpos de seguridad del estado a las órdenes de excarcelación emanadas de los Tribunales competentes, alegando faltas en sus formatos”.
En esta línea, la Conferencia Episcopal insta “al Gobierno a cumplir y hacer cumplir con los derechos y garantías que asisten a los encarcelados y sus familias y recordarles así mismo las sanciones previstas en la normativa penal vigente que tipifican las acciones y omisiones de los funcionarios que incurran en estas conductas”, “a los funcionarios a encontrar la justicia, sentido de equidad y celeridad en su trabajo”, “a nuestros Agentes Pastorales a conocer los problemas de tantos hermanos encarcelados, en quienes está el mismo Cristo, nos urge a no quedarnos pasivos e indiferentes y a multiplicar obras de misericordia”.
Finalmente, agradecen y valoran a todos los que, con responsabilidad y profesionalidad, “brindan en un contexto nada fácil, su servicio en los recintos penitenciarios, buscando el bien común”.
RSS Feed